Rosa Gallego ha presentado en la mañana de ayer la denuncia en la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos penales en la compra irregular de inmuebles por parte del Gobierno de Marea Atlántica al firmante y miembro fundacional de la Marea, Toni Lodeiro.
El juzgado abre diligencias por presunta PREVARICACIÓN del gobierno de Xulio Ferreiro por el caso de la cesión de la cárcel.
Presupuestos Rosa Gallego: "Ferreiro ha logrado que el presupuesto de 2018 sea aún peor que el de 2017 porque no resuelve ni un problema real de los coruñeses y los empeorará porque sube los impuestos a cambio de nada".

miércoles, 25 de enero de 2017

MEDIO AMBIENTE. CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

GALLEGO EXIGE A FERREIRO EXPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES TRAS LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CENTRAL QUE DA LA RAZÓN AL PP SOBRE LA ILEGALIDAD DE NO ADJUDICAR EL CONTRATO DE JARDINES

La portavoz popular advirtió en numerosas ocasiones a Ferreiro que no había base legal para no adjudicar el contrato, de casi 5 millones de euros anuales, y lo hizo de manera expresa en la Junta en que la Marea adoptó la decisión injusta.

Ferreiro tendrá que explicar el cambio de criterio por el que decidió anular la adjudicación tras encargar un informe externo a dedo por 10.000 euros y sin ningún informe de ningún técnico de medio ambiente que avalase su decisión.

Ferreiro ha pagado durante año y medio 7 millones de euros con facturas irregulares con reparos de legalidad suspensivos de la intervención municipal porque las anteriores adjudicatarias seguían trabajando sin contrato.



El Grupo municipal Popular, a través de su portavoz, Rosa Gallego, exige a Ferreiro responsabilidades y explicaciones por la decisión injusta adoptada por la Marea en Junta de Gobierno de renunciar a la adjudicación del contrato de mantenimiento de parques y jardines, tras el auto del Tribunal Central de Contratación que anula dicha renuncia por no tener base legal y da la razón al PP que ya advirtió en ruedas de prensa, Plenos, Mesas de Contratación y en la propia Junta que no adjudicar era ilegal.
Advertimos en numerosas ocasiones que no había base legal para no adjudicar ese contrato, por importe de casi 5 millones de euros anuales, e incluso lo hice personalmente de manera expresa y contundente en la misma Junta en la que adoptaron dicha decisión y aún así la Marea renunció de forma injusta a adjudicarlo”, señaló Gallego.

Ferreiro ha estado pagando mediante facturas irregulares con reparos de legalidad suspensivos de la Intervención municipal desde hace más de año y medio a los anteriores concesionarios 450.000 euros al mes. Es decir, Ferreiro ha pagado de forma irregular 7 millones de euros por un servicio sin contrato.

Por tanto, el PP exige a Ferreiro que responda, entre otras, a:

¿Por qué Ferreiro cambió de criterio tras aprobar la Marea en Mesa de Contratación el informe económico y la propuesta de adjudicación?

¿Por qué Ferreiro pidió un informe externo contratado a dedo sin que hubiese ningún informe de ningún técnico de medio ambiente que avalase la existencia de posibles irregularidades?

¿Por qué Ferreiro sigue hablando de vicios de forma en los pliegos si contaban con informe favorable de Intervención y Asesoría Jurídica, nadie los recurrió, en la mesa se acordó elevar la adjudicación a la Junta de Gobierno y el Tribunal Central los niega?

¿Por qué Ferreiro no quiso adjudicar un contrato con mejoras económicas y de calidad, con cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución que si no se cumplen serán motivo de sanción?

Tal y como dijimos reiteradas veces, los pliegos no recibieron ningún recurso y contaron con el informe favorable de asesoría jurídica e intervención, se presentaron 23 empresas, no hubo ninguna baja temeraria y contienen cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución y cláusulas de penalización en caso de incumplimientos por parte de las adjudicatarias”, afirmó la popular.

Además, el 23 de octubre de 2015, la mesa de contratación de la que forman parte la concejala de Hacienda de la Marea y la Directora de Asesoría Jurídica nombrada por la Marea, aprobó el informe económico, en el que se recogía que ninguna de las ofertas mejor valoradas estaba en baja temeraria y el 1 de diciembre de 2015, la mesa elevó la propuesta de adjudicación a Junta de Gobierno.


Días después, la directora de Asesoría revisó los informes a pesar de no haber ninguna empresa en baja temeraria y sin que hubiese ningún informe de ningún técnico de medio ambiente que lo avalase, y en febrero de 2016, la Marea encargó a dedo un informe externo a una empresa catalana por 10.000 euros y en base a ese informe se requirió documentación que las empresas presentaron. La Marea, en lugar de adjudicar, desistió de forma irregular, tal y como evidencia el Tribunal Central que da la razón al PP. 

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