Rosa Gallego ha presentado en la mañana de ayer la denuncia en la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos penales en la compra irregular de inmuebles por parte del Gobierno de Marea Atlántica al firmante y miembro fundacional de la Marea, Toni Lodeiro.
El juzgado abre diligencias por presunta PREVARICACIÓN del gobierno de Xulio Ferreiro por el caso de la cesión de la cárcel.
Presupuestos Rosa Gallego: "Ferreiro ha logrado que el presupuesto de 2018 sea aún peor que el de 2017 porque no resuelve ni un problema real de los coruñeses y los empeorará porque sube los impuestos a cambio de nada".

miércoles, 20 de octubre de 2010

EL VALEDOR DO POBO, "INVESTIGA NOSTIÁN"


EL GRUPO POPULAR INFORMA QUE EL VALEDOR DO POBO SOLICITA A LOSADA INFORMACIÓN SOBRE LAS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS DE LA PLANTA DE NOSTIÁN

El concejal Julio Flores, acompañado por el Portavoz popular Carlos Negreira, ha informado en rueda de prensa que el Valedor do Pobo solicitó en septiembre al Gobierno municipal, información sobre la planta de residuos sólidos urbanos de Nostián, unas instalaciones sobre las que pesan numerosas irregularidades urbanísticas y medioambientales, así como una sospecha de fraude en la utilización de doce millones de euros de fondos de cohesión concedidos por la Unión Europea.

El Valedor do Pobo reclamó el 22 de septiembre al Gobierno local el informe sobre las actuaciones realizadas para reponer la legalidad urbanística en la planta de tratamiento de basura, ya que algunas edificaciones fueron construidas sin licencia y tienen una orden de demolición desde el año 2006. Esta reclamación, tramitada mediante el expediente B.2.Q/162/10, se produce después de que la Consellería de Política Territorial de la Xunta presidida por el socialista Emilio Pérez Touriño requiriese el 23 de noviembre de 2006 a Javier Losada, para que “en el plazo máximo de un mes” adoptase “todas las medidas necesarias para la reposición de la legalidad urbanística vulnerada en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Nostián”.

Este requerimiento de la Xunta bipartita para el derribo de algunas edificaciones de Nostián, “construidas sin licencia en suelo rústico de protección de infraestructuras”, se produjo mediante una resolución firmada por el entonces director xeral de Urbanismo, Ramón Luego, pero no fue atendida por el Gobierno local que hizo oídos sordos, por lo que el Valedor do Pobo solicita ahora al Ayuntamiento coruñés que le informe sobre los tramites que realizó para cumplir con aquella resolución. En aquel requerimiento, el director xeral de Urbanismo le recordaba a Javier Losada que “corresponde al alcalde la competencia para incoar el correspondiente expediente de reposición de la legalidad urbanística por la ejecución de obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ella” y le advertía que, en caso de no hacerlo así, “la consellería podrá subrogarse en el ejercicio de la legalidad y en la sanción de los infractores”. Flores afirmó que “ni Losada acató la orden de derribo ni el Gobierno de Touriño actuó para reponer la legalidad urbanística y, en consecuencia, el Valedor do Pobo ha tenido que tomar cartas en el asunto”.

También la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística reiteró el pasado mes de mayo de 2010 la orden de derribo y concedió al Ayuntamiento de La Coruña un plazo de tres meses para demoler las edificaciones no legalizables, construidas en suelo rústico de protección de infraestructuras, pero la empresa concesionaria del servicio municipal de tratamiento de basuras presentó un recurso ante un juzgado de lo contencioso para retrasar el derribo, el día anterior a finalizar el plazo para la ejecución de la orden. “En estos últimos años, Losada ha tratado de ocultar la información de la situación real de Nostián al Partido Popular, esperamos que por lo menos facilite toda la información al Valedor do Pobo”.

DESTRUCCIÓN DE JUSTIFICANTES

Flores informó también de que el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de Zapatero no está en condiciones de facilitar a la Unión Europea, los datos que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) le solicitó sobre las cuentas de la planta de Nostián, porque destruyó todos los justificantes del uso dado a los 12 millones de euros procedentes de los Fondos de Cohesión con los que el organismo comunitario financió las obras. “Todos los justificantes del uso dado a esta subvención estaban desde 2003 en poder de la Subdirección General de Fondo de Cohesión y Cooperación Territorial Europea, un departamento dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda que entonces dirigía Cristóbal Montoro durante el Gobierno del Partido Popular, pero fueron destruidos en 2006, ya durante el Gobierno socialista presidido por Zapatero” afirmó Flores.

El pago final de la subvención europea a la planta de basuras de Nostián se produjo, según el Ministerio de Economía y Hacienda, el 9 de junio de 2003 y la destrucción de todos los justificantes de gastos se habría producido en 2006. La OLAF solicitó toda esta información al Ministerio de Economía y Hacienda, pero este departamento del Gobierno central admite que ya no dispone de esos documentos porque, según argumenta la subdirectora general del Fondo de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea, Ana Raquel García Rubio, sólo está obligado a conservar "todos los justificantes (bien originales o bien versiones compulsadas) relacionados con los gastos y los controles correspondientes a dicho proyecto" durante un periodo de tres años, y “debido a esta circunstancia el Ministerio de Economía ha vuelto a pedir todos los justificantes al Gobierno municipal coruñés para responder al requerimiento de la OLAF” aclaró Flores.

Para los populares “la destrucción de estos justificantes de la subvención de 12 millones de euros procedentes de la Unión Europea y, el destino de al menos otros 30 millones de euros más procedentes de arcas municipales o estatales hace aún más necesaria”, según Julio Flores, “la realización de la auditoria que el Partido Popular ha reclamado reiteradamente y que Losada se niega a aceptar” y continuó “esta auditoria servirá para terminar con una década de irregularidades urbanísticas, económicas y medioambientales propiciadas por este Gobierno municipal”.

El concejal popular recordó que “además la concejala mintió gravemente al negar el 24 de septiembre la investigación de la Unión Europea habiendo respondido al requerimiento de información de la OLAF el día 1 de septiembre."